La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) considera que el nuevo recorte a las energías renovables es un «ensañamiento» del Gobierno contra el sector.

La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) considera que el nuevo recorte a las energías renovables es un "ensañamiento" del Gobierno contra el sector, y forma parte de una "estrategia de acoso y derribo" iniciada con el comienzo de legislatura, cuando se aprobó la moratoria a estas tecnologías.

La asociación considera además que el recorte fruto del nuevo mecanismo de retribución y de los estándares conocidos ayer podría superar los 2.000 millones de euros para las renovables, por encima de los 1.350 millones inicialmente anunciados para el conjunto del régimen especial, en el que también participa la cogeneración.

 "La publicación de los estándares retributivos materializa el durísimo recorte que se aplica a las diferentes tecnologías renovables" y se sitúa en línea e incluso por encima del recorte previsto en la orden de peajes, de cerca de 1.750 millones.

Esta menor retribución para las renovables permitirá, a juicio de la asociación, "cuadrar el déficit de tarifa correspondiente a 2013, 2014 y años sucesivos".

"El Gobierno, al partir del diagnóstico equivocado de identificar déficit de tarifa con energías renovables, sólo actúa sobre la retribución de éstas y mantiene intactos privilegios de las eléctricas tradicionales, como son los pagos por capacidad y las elevadas retribuciones al transporte y la distribución, algo incomprensible en la actual situación económica", señala APPA.

El presidente de la asociación, José Miguel Villarig, considera además "discriminatorio que el Gobierno sólo aplique medidas de ajuste al sector de las energías renovables para cuadrar las cifras del sector eléctrico y siga sin acometer la tantas veces anunciada reforma del mercado eléctrico, cuya falta de competencia ha sido denunciada por la Comisión Europea y la propia CNE."

Las renovables, asegura APPA, "siguen siendo las grandes damnificadas de una  reforma, que supondrá la ruina de muchas empresas y particulares". Sobre ellas se aplica una "mal llamada rentabilidad razonable" que, en cambio, no afecta a tecnologías amortizadas del régimen ordinario.

"Es incomprensible que el Gobierno se ensañe con un sector que aporta la mayor parte de la generación del sistema eléctrico y que es un negocio que en su conjunto es rentable para España", afirma Villarig.

"La aplicación de esta normativa retroactiva quiebra la seguridad jurídica y al final, sea o no legal, es injusta porque no trata de forma equitativa a todos los actores del sector eléctrico", añade la asociación.